También muestra la lentitud con la que algunos de los estados responden a las consultas: Malta tardó 67 días en responder a la primera carta de la comisión, seguida de 42 días para Chipre.

Por su parte, Bulgaria envió una carta en octubre de 2019 a la Comisión Europea, que respondió una carta de un mes.

Se intercambiaron seis con Bulgaria y nueve con Chipre y Malta, abarcando desde octubre de 2019 hasta octubre de 2020.

El asunto ha llevado recientemente a Chipre y Malta a la posibilidad de enfrentarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo por la venta de pasaportes, que según los críticos atrae a personas con antecedentes penales.

Una investigación de Al Jazeera reveló el mes pasado que altos funcionarios chipriotas discutían formas de proporcionar la ciudadanía a un criminal condenado.

La cadena de medios de comunicación publicó 1.400 documentos filtrados que mostraban cómo Chipre permitía a los fugitivos obtener la ciudadanía chipriota -y, por tanto, la de la UE-.

De los tres, Bulgaria fue el primero en lanzar su plan en 2005, ofreciendo a las personas la ciudadanía a cambio de una inversión de 1 millón de euros.

Esa ciudadanía les da derecho a vivir y trabajar en cualquier lugar de la Unión Europea, lo que supone un riesgo potencial para la seguridad.

Si se le pide que divulgue las cartas para una inspección más detallada, la Comisión Europea se niega, citando la jurisprudencia.

«Los intercambios con Bulgaria son de naturaleza estrictamente bilateral, ya que sólo implican a la Comisión y al Estado miembro en cuestión», dijo, en respuesta a una solicitud de libertad de información.

Presentó argumentos similares en el caso de Malta y Chipre, subrayando que no había un interés público superior para su divulgación, dados los procedimientos de infracción iniciados anteriormente.

La Comisión dice que los planes socavan la integridad del estatus de la ciudadanía de la UE y la libre circulación.

También permite el derecho de voto a personas que no tenían ningún vínculo con la Unión Europea antes de pagar a veces millones de euros por los pasaportes.

La Comisión también está preocupada por el hecho de que los países candidatos a la UE, así como el Reino Unido, utilicen esquemas similares que ofrecen un acceso especial a la UE para futuros clientes potenciales.

El Reino Unido ya no es miembro de la Unión Europea.

El Comisario de Justicia, Didier Reynders, dijo en octubre que los esquemas se seguían utilizando en esos países para atraer a los inversores a través de sus acuerdos de asociación privilegiados, o de diversas ofertas de adhesión con la UE.