Última actualización: Junio 2017

• Introducción
• Leyes, políticas, prácticas
• Infraestructura de detención
• Versión en PDF del perfil de 2017

INTRODUCCIÓN

La Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARM) limita con Grecia al sur, Bulgaria al este, Albania al oeste y Kosovo y Serbia al norte. La ARYM, que fue un importante país de origen de refugiados en el pasado, es considerada ahora un país de tránsito clave por las autoridades de la agencia de migración de la UE. La ruta de los Balcanes occidentales que atraviesa la ARYM es una de las principales rutas migratorias hacia la Unión Europea. Durante 2015, aproximadamente un millón de personas transitaron por el país. El cierre de la ruta de los Balcanes en marzo de 2016 dejó a unos 1.200 migrantes y solicitantes de asilo varados en Macedonia. En octubre de 2016, el gobierno prorrogó el estado de emergencia, introducido en 2015, que prevé patrullas de la policía militar a lo largo de la frontera. Según el Ministerio del Interior, durante 2016 la policía «impidió» -un eufemismo para referirse a los «empujones»- más de 25.000 intentos de entrada irregular desde Grecia.

Los intentos de las autoridades por frenar los flujos resultaron en gran medida ineficaces hasta la introducción de cambios en la ley de asilo en junio de 2015 y la creación de un «corredor humanitario» en agosto de 2015. En los meses previos a estos cambios, los funcionarios consideraron que los recién llegados eran personas «de contrabando», lo que provocó un fuerte aumento del número de detenciones. Según una nueva Ley de Procedimiento Penal, las personas objeto de tráfico ilícito deben permanecer detenidas hasta que presten declaración judicial contra sus presuntos traficantes. Las estadísticas oficiales proporcionadas por el Ministerio del Interior indican que 1.346 personas fueron detenidas en el único centro de detención oficial del país en 2015. Tras la introducción del corredor, las cifras registradas en el centro descendieron significativamente, sumando menos de 400 durante 2016.

El número de detenidos en el país se mantuvo bajo, si bien estable, variando entre 30-35 detenidos, durante el período comprendido entre mediados de 2015 y mediados de 2016. El cierre del corredor a principios de 2016 coincidió con un aumento de los rechazos en la frontera sur, lo que parece haber contribuido a mantener bajo el número de detenidos, incluso cuando más personas recurrieron a los contrabandistas para ayudarles a cruzar el país. En lugar de ser llevados a Skopje desde la frontera sur, los guardias fronterizos empezaron a detener a los refugiados en campos de «tránsito» ad hoc, donde al parecer se empuja a la gente de vuelta a Grecia. Hay informes de que está previsto el cierre de los campos ad hoc, pero a mediados de 2017 el Global Detention Project no pudo verificar cuándo iba a tener lugar.

Los refugiados de la guerra de Kosovo también siguen residiendo en la ARYM, algunos de los cuales -especialmente las familias romaníes- viven junto a un centro de solicitantes de asilo en el municipio de Vizbegovo, en las afueras de Skopje. Además, muchos macedonios, albaneses y valacos han regresado en los últimos años a la ARYM desde otros lugares de Europa tras no haber conseguido el asilo.

El sistema de detención de inmigrantes de la ARYM no había recibido hasta hace poco mucha atención. Ningún organismo internacional o nacional de derechos humanos informó sobre el único centro de detención del país hasta 2014, cuando el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) realizó su primera visita al Centro de Recepción de Extranjeros. Desde el inicio de los recientes desafíos migratorios y de refugiados, varias ONG y organismos internacionales de derechos humanos han comenzado a revisar el sistema y a informar sobre los problemas.

LEYES, POLÍTICAS, PRÁCTICAS

Normas clave. La Ley de Extranjería (Законот за странци, 2006) y la Ley de Control de Fronteras (законот за гранична контрола, 2011) establecen el marco legal de la detención de inmigrantes en la ARYM.

El «Reglamento del Centro de Acogida de Extranjeros» (куќниот ред на Прифатниот центар, o Reglamento del Centro de Detención) complementa el mandato legal del centro de detención y proporciona normas de funcionamiento. La Ley de Asilo y Protección Temporal (законот за азил и привремена заштита, 2003), regula el sistema de asilo y la determinación de la condición de refugiado, así como las disposiciones relativas a los lugares de alojamiento de los solicitantes de asilo.

Motivos de la detención. Según el artículo 13 de la Ley de Control de Fronteras, una persona puede ser detenida durante un máximo de 24 horas para permitir los procedimientos de control de fronteras. Según el artículo 108 de la Ley de Extranjería, el Ministerio del Interior puede detener a una persona hasta 24 horas para garantizar su deportación. Un extranjero puede ser detenido hasta que dejen de existir las razones que impiden su deportación del territorio de la República de Macedonia, pero no más de 12 meses. En virtud del artículo 132, una persona que se niegue a demostrar su identidad o no pueda hacerlo puede ser detenida con el fin de establecer su identidad. Si el extranjero se niega o no puede demostrar su identidad, los funcionarios autorizados del Ministerio del Interior pueden detenerlo a efectos de establecer su identidad durante un período no superior a 12 horas.

Duración de la detención. A efectos administrativos (Ley de Control de Fronteras, artículo 13) o a efectos de una deportación inmediata (Ley de Extranjería, artículo 108), los extranjeros pueden ser detenidos temporalmente durante un máximo de 24 horas. Las órdenes de detención deben proporcionarse para períodos que superen esta duración. El artículo 109 de la Ley de Extranjería establece que ninguna persona debe ser detenida durante más de 12 meses. Un informe de 2016 de MYLA cita un caso de una persona detenida durante 301 días (más de 10 meses). El mismo informe afirma que la duración media de la detención durante 2016 fue de 38 días. El Ministerio del Interior indicó en 2015 que el país acortaría la duración máxima a seis meses, pero aún no se ha adoptado.

Solicitantes de asilo. La Ley de Extranjería exime a los solicitantes de asilo de las medidas de control de la inmigración. Sin embargo, hay informes de personas detenidas después de presentar solicitudes de asilo. Los posibles solicitantes han sido retenidos en el centro de detención cuando un tribunal los considera testigos en otros casos. Las organizaciones de derechos humanos han criticado reiteradamente esta práctica. La Ley de Extranjería no especifica si los refugiados reconocidos pueden ser detenidos. Tampoco hay normas en la legislación nacional que salvaguarden los derechos de los apátridas.

A principios de abril de 2016, la Asamblea Nacional aprobó enmiendas a la Ley de Asilo y Protección Temporal. Estas enmiendas abordaban dos cuestiones: la reagrupación familiar y el concepto de tercer país seguro. Las enmiendas introdujeron un nuevo artículo como adición al concepto de tercer país seguro ya existente, que establece que los solicitantes de asilo pueden ser devueltos a un tercer país seguro sin evaluar sustancialmente sus solicitudes de asilo si han entrado en el país desde un Estado miembro de la UE, la OTAN o la AELC que haya ratificado y aplicado la Convención sobre los Refugiados de 1951, el CEDH y tenga un procedimiento de asilo de acuerdo con la Convención. Esto deja sólo una travesía terrestre desde Kosovo como cruce legítimo.

Niños y víctimas de la trata. No existen disposiciones que prohíban la detención de menores (acompañados o no), ancianos, mujeres o víctimas de la trata. Aunque a los menores que no solicitan asilo se les asigna un tutor legal y se informa a la embajada o misión consular respectiva, se les detiene. Según las estadísticas oficiales, 22 niños (cuatro de ellos no acompañados) fueron detenidos en el centro de detención oficial en 2016, frente a los 251 (22 no acompañados) de 2015. La ley especifica que los niños deben ser colocados en una sección separada del centro de detención. Sin embargo, los observadores que han visitado el centro han destacado que esta separación no se pone en práctica. Estos informes también destacan que los niños no conocen sus derechos a la tutela legal.

La Ley de Extranjería establece que las posibles víctimas de la trata pueden ser internadas durante un máximo de dos meses. Se supone que deben ser colocadas en una parte separada del centro de detención. Sin embargo, en contra de estas disposiciones, el CPT descubrió que «las víctimas de la trata estaban mezcladas con el resto de la población detenida» y detenidas por motivos relacionados con la persecución de los presuntos contrabandistas.

Garantías procesales y acceso a los detenidos. El derecho a ser notificado de los motivos de la detención no parece respetarse en la práctica. Según la Asociación de Jóvenes Abogados de Macedonia (MYLA), durante las entrevistas con los detenidos en 2016, descubrió que a casi ninguno de ellos se le había comunicado que estaban detenidos por motivos relacionados con la inmigración. Más bien, «la policía les dijo que estaban detenidos porque el tribunal necesitaba su presencia en el procedimiento penal contra los traficantes de migrantes».

Las traducciones de las órdenes de detención y los documentos relacionados no están disponibles y la mayoría de los detenidos no pueden entenderlas. Además, los procedimientos del centro de detención sólo están expuestos en algunos tableros a lo largo de las paredes.

El acceso a la asistencia letrada está garantizado en la Ley de Extranjería. Sin embargo, hasta hace relativamente poco, este acceso parece haber sido limitado o inexistente. Según el CPT, en el momento de su visita de 2014 «parecía que la legislación no contemplaba ninguna revisión automática de la detención. La gran mayoría de las personas detenidas con las que habló la delegación del CPT no tenían acceso a la asistencia jurídica en ninguna etapa de sus procedimientos».

Aunque, la ley otorga a los detenidos el derecho a apelar las decisiones de detención, existe preocupación sobre la eficacia de este proceso. MYLA informó en 2016 de que durante el primer semestre de ese año no se proporcionaron a los detenidos copias de sus decisiones de detención y solo se les entregó una confirmación de los artículos personales que se confiscaron en el centro de detención. «Tras la intervención de MYLA y del Defensor del Pueblo… todas las personas detenidas recibieron copias de sus decisiones de detención. … Sin embargo, seguía siendo problemático que las personas no fueran capaces de entender el contenido del documento ni hubieran sido informadas adecuadamente del derecho a la representación legal y del derecho a apelar.»

Los detenidos tienen derecho a la asistencia consular y el gobierno afirma que hay «visitas frecuentes de representantes de embajadas extranjeras.» Sin embargo, según el CPT, su delegación «se reunió con varias personas detenidas que alegaron que no se les había permitido informar a un tercero de su situación. En algunos casos, las personas no pudieron informar a un familiar o a un representante consular durante semanas e incluso meses».

Aunque los detenidos pueden solicitar asilo durante su detención, al parecer no suelen estar suficientemente informados de sus derechos. En su Informe Anual de 2014, el Defensor del Pueblo señaló que «actuó ante una queja de personas alojadas en el Centro de Acogida de Extranjeros y así fue informado de que a estas personas no se les permite ejercer su derecho de asilo y el derecho a las visitas y contactos con las familias, hasta que no estén en marcha los procedimientos gestionados por las autoridades de investigación y judiciales en los que tenían capacidad de testigos.» Durante 2016, MYLA pudo ayudar a 68 detenidos en los procedimientos de asilo. Sin embargo, a los detenidos solo se les permite acceder al asilo una vez que cesan los motivos de la detención.

El acceso a los detenidos es limitado. Durante 2016, las visitas más frecuentes fueron realizadas por MYLA. El Defensor del Pueblo Nacional realiza varias visitas al año y el ACNUR informa de que tiene acceso a los detenidos. A otros numerosos grupos se les ha negado el acceso a los detenidos, sobre todo a HRW y al Comité de Helsinki de Macedonia.

Aunque el Defensor del Pueblo ha señalado que los detenidos han presentado quejas, otras fuentes han indicado que en la práctica este derecho está restringido. En su informe de 2015, HRW dijo que no se presentaban quejas formales porque había «desconocimiento de cómo hacerlo y ante quién, miedo a las represalias y temor a poner en peligro las relaciones con los guardias y a perder los mínimos beneficios que ofrecían las buenas relaciones (por ejemplo, poder salir a tomar aire fresco).» Un antiguo guardia que fue testigo de malos tratos dijo a HRW que «no hay nadie a quien denunciar ni cambiaría nada».

No parece haber pruebas que indiquen si las personas han sido indemnizadas en casos de detención ilegal. Además, algunos detenidos han alegado que no se les devolvió el documento de identidad cuando terminó su detención.

Criminalización. Los artículos 153 y 154 de la Ley de Extranjería establecen multas de hasta 1.000 euros para los extranjeros que infrinjan los procedimientos de inmigración, incluida la entrada en el país sin permiso. El Ministerio del Interior ha afirmado que los funcionarios rara vez insisten en el pago de las multas.

Lugares de detención designados, autoridades de detención, reglamentos. La Ley de Extranjería estipula que el «Centro de Acogida de Extranjeros» se utilizará con fines de detención, pero no proporciona detalles sobre la ubicación o las operaciones. Otros lugares de custodia, como las comisarías de policía, pueden retener a las personas por motivos relacionados con la inmigración durante un máximo de 24 horas.

La ley no faculta a los cuerpos de seguridad específicos para arrestar o detener a personas por motivos relacionados con la inmigración. En la práctica, la policía, la guardia de fronteras y el ejército detienen a los inmigrantes y solicitantes de asilo. El Ministerio del Interior, la autoridad oficial de custodia, pone las operaciones del centro de detención bajo el control de la policía.

Tendencias y estadísticas. Aunque el Ministerio del Interior está obligado por ley a mantener una base de datos sobre indicadores de migración, hay pocos datos disponibles públicamente. No parece haber un conjunto coherente de estadísticas disponibles sobre los inmigrantes detenidos o sobre los costes de las operaciones de detención. Las últimas cifras disponibles de MYLA muestran que durante 2016 se detuvo a no menos de 438 personas, con una media de 20 a 30 personas detenidas en cualquier momento del año. Sin embargo, esto no se basa en la recopilación sistemática de datos. Las cifras comunicadas anteriormente por HRW y el CPT solo ofrecen instantáneas en un momento determinado.

INFRAESTRUCTURA DE DETENCIÓN

Solo hay un centro de detención oficial en la ARYM, el «Centro de Recepción de Extranjeros» (Прифатниот центар за странци) en Gazi Baba. El centro es un centro de detención de inmigrantes dedicado, operado por la policía bajo la autoridad del Ministerio del Interior. No parece haber otros lugares oficiales de detención de larga duración, aunque se utilizan numerosas instalaciones para retener a los no ciudadanos durante periodos muy cortos, incluidas las comisarías de policía y las salas de control de los aeropuertos. Sin embargo, hay una serie de lugares de detención ad hoc cerca de las fronteras de Macedonia, llamados «centros de tránsito».» Hay informes de que está previsto el cierre de estos campos ad hoc, pero a mediados de 2017 el Global Detention Project no pudo verificar cuándo iba a tener lugar.

Gazi Baba. El centro de detención especializado Gazi Baba es un antiguo jardín de infancia situado en un suburbio de Skopje. Oficialmente llamado «Centro de Recepción de Extranjeros», el centro se conoce comúnmente utilizando el nombre del suburbio en el que se encuentra. Se inauguró en 2007, aunque el edificio data de principios de la década de 1990. Según las fuentes, el edificio se utilizó como refugio temporal para refugiados bosnios en 1993-1994 y se utilizó como refugio para víctimas de la trata de personas a finales de la década de 1990. Desde que empezó a funcionar como centro de detención ha tenido poca supervisión nacional e internacional. No hubo informes disponibles públicamente sobre el centro hasta 2014. Aunque no hay ningún informe oficial sobre su capacidad, los informes no oficiales la sitúan entre 80 y 100 personas. Ha habido numerosos informes de violencia policial en el centro.

A principios de 2015, a medida que un número creciente de refugiados intentaba pasar por Macedonia, la población de detenidos en Gazi Baba se disparó. Según los informes, en su punto álgido había unas 400 personas retenidas en el edificio, cinco veces más de su presunta capacidad. Cuando delegaciones de Human Rights Watch y grupos de abogados visitaron el centro de detención en el verano de 2015, no se les permitió el contacto con ninguno de los detenidos. El único objetivo de las visitas era demostrar las capacidades del centro. En ese momento, los funcionarios rechazaron los informes sobre el grave hacinamiento, afirmando que no había más de 250 personas detenidas allí en un momento dado.

Cediendo a la creciente presión nacional e internacional, en el verano de 2015 se cerró temporalmente el centro de detención. Las autoridades alegaron que el cierre temporal era un mero resultado de un cambio en las políticas, ya que se modificó la Ley de Asilo y Protección Temporal para permitir el paso de 72 horas por el país. Sin embargo, el centro reabrió sólo unos meses después de haber sido cerrado.

Los informes más recientes disponibles del Defensor del Pueblo, el CPT y HRW proporcionan detalles sobre las condiciones de detención durante 2014 y 2015. Aunque se han realizado renovaciones en el centro desde que se publicaron estos informes, las condiciones descritas en ellos ofrecen algunas conclusiones generales. El centro ha sido criticado por tener unos estándares higiénicos deficientes y por no cumplir los requisitos para ser un refugio digno. Según el CPT: «Todo el establecimiento ofrecía unas condiciones de detención extremadamente pobres en cuanto a su estado de conservación y nivel de higiene. Una habitación concreta de la unidad de detención masculina, que medía 22 m2 y carecía de acceso a la luz natural y a la ventilación, alojaba a tres niños junto con diez adultos, la mayoría de los cuales fumaban. El mobiliario básico, como los armarios metálicos, las sillas y las mesas, los televisores y las bombillas eléctricas, así como las ventanas y las paredes, estaban gravemente dañados o deteriorados y no se habían reparado desde hacía meses. El espacio con cerradura del que disponían los detenidos se limitaba a un armario para unos 20 extranjeros en la unidad de detención masculina. Además, no se proporcionaban sistemáticamente cubiertos a los detenidos».

El CPT también encontró que las instalaciones estaban abandonadas: «Las tres instalaciones sanitarias de la unidad de detención masculina tenían inodoros y duchas rotos y calderas que funcionaban mal. En resumen, aproximadamente 162 personas detenidas (incluidos 13 menores no acompañados) compartían un total de tres duchas y cuatro aseos que funcionaban correctamente en la unidad de detención masculina del centro.»

Los observadores independientes informaron repetidamente de que durante 2014 y 2015 el centro estaba continuamente superpoblado. El «número de camas… se limitaba a 60 para un total de 162 detenidos, la mayoría de los cuales se veían obligados a dormir en colchones o directamente en el suelo, a menudo en lugares improvisados como escaleras y pasillos adyacentes a las instalaciones sanitarias.» No se satisfacían las necesidades básicas, como la luz y las actividades, ni las necesidades especiales de alojamiento para las familias, los menores no acompañados y las víctimas de la trata, establecidas en el reglamento del centro de detención. También había pocos contactos con el mundo exterior, un problema exasperado por la falta de acceso a los teléfonos. «Los funcionarios rara vez permitían las llamadas telefónicas y, en caso de problemas de conexión con sus países de origen, no se permitían repetidos intentos. Además, los teléfonos móviles se retiraban a los detenidos en el momento del ingreso». Se ha denunciado que la comida es escasa, invariable en su dieta (los mismos productos todos los días) y que las personas han sido golpeadas por pedir latas o artículos adicionales. Algunos detenidos denunciaron graves consecuencias para su bienestar físico y mental debido a las condiciones del centro.

MYLA ha informado sobre las condiciones a partir de visitas más recientes al centro. Se observó cierta mejora en junio de 2016, cuando las mujeres detenidas afirmaron que a veces se les permite pasear por el Centro durante una hora en presencia de un agente de policía. Este derecho está estipulado en el Reglamento de la Casa, sin embargo no se ha respetado adecuadamente en la mayoría de los casos. MYLA informa de que las llamadas telefónicas se permiten cada 7-10 días de media. MYLA también afirma que los detenidos no se han quejado de la violencia policial durante las últimas entrevistas. Sin embargo, al parecer algunos detenidos tienen miedo de hablar sobre el trato recibido durante la detención. El informe de HRW destaca la naturaleza de género de la violencia policial empleada en el centro. El suministro de alimentos, higiene, asistencia médica y asesoramiento social y jurídico no parece haber mejorado.

«Centros de tránsito» en Gevgelija y Tabanovce. A principios de 2016, la ARYM amplió su capacidad de detención cuando comenzó a privar de libertad a personas en un «centro de tránsito» ad hoc en el sur del país; además, empezó a alojar a personas en un centro de tránsito no seguro en el norte, en Tabanovce. Estas operaciones no están previstas en la ley. Estos centros se construyeron originalmente para ayudar al tránsito de refugiados durante las tensiones fronterizas de 2014-2016. Sin embargo, se han convertido en centros de detención semiabiertos o cerrados desde marzo de 2016. Tras el cierre oficial de las fronteras con Serbia y Grecia, unas 1.500 personas quedaron varadas en el campo norte de Tabanovce y otras 200 en el centro sur de Gevgelija. Estas personas no tienen acceso a vías legales para reclamar ningún tipo de estatus.

Los dos centros tienen un funcionamiento muy diferente: Tabanovce funciona en gran medida como una instalación abierta y sin seguridad, en la que se anima encarecidamente a las personas a no salir del campo, pero se les ha visto salir y entrar del campo a voluntad. Aunque el centro nunca tiene las puertas cerradas durante el día, la gente tiene miedo de salir por temor a que no se les permita volver a entrar.

En la instalación del sur, en Gevgelija, llamada Centro de Tránsito «Vinojug», a la gente no se le permite salir. Esto parece ser una decisión arbitraria de la dirección del campo. Algunas personas llevan casi un año en el centro sin ningún estatus, sin casos de asilo pendientes y sin medios para impugnar la detención. Algunos detenidos se han dejado deportar a Grecia.