No están contratados por la Secretaría de Bienestar y son obligados a firmar contratos provisionales de meses

La tarde que la amenazó no se sintió intimidada. Tampoco le dio mayor importancia.

“Está ardido porque no metí a su familia al programa”, pensó, ya que no contaban con los requisitos.

A la mañana siguiente varios pobladores le advirtieron que tuviera mucho cuidado, pues el sujeto, un cacique de la región muy conocido por sus vínculos con autoridades locales y otros expresidentes municipales, era peligroso.

Además, pregonaba en la comunidad que “le iba a partir la madre”, y se anduviera atenta, porque en cualquier momento la desaparecería.

La técnica del programa Sembrando Vida (PSV), Roxana Pliego, le comentó el hecho a su facilitador, pero sólo le dijo que levantara su denuncia en la presidencia municipal.

Ante el temor, a mediados de este 2020, le pidió que la cambiaran de zona, sin embargo, hasta la fecha sigue ahí.

Tiempo atrás, el 31 de marzo del mismo año, el técnico productivo Quetzalcóatl “R” fue citado por su facilitador Carlos Santiago Meza en el estacionamiento del centro comercial de la Plaza Cristal, en Puebla, para que firmara sus contratos de diciembre de 2019 y los de enero, febrero y marzo, en la cajuela de un vehículo.

Enseguida le pidió que también firmara su renuncia, entregara su chaleco, gafete y el GPS para el registro de las georeferencias de las parcelas.

No los entregó porque el despido fue inusitado y no los llevaba.

Al otro día lo citó su coordinador territorial. “Mire, se ha tomado (la decisión) en las oficinas centrales de ya no recibir sus servicios por su actitud, porque no quiere trabajar en equipo y porque usted es diabético.

No puede continuar en el programa y no queremos que se ponga en riesgo su vida por el coronavirus”, le dijo. Aunque el motivo principal fue por problemas con su facilitador.

Once días antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas no realizar recortes con excusa del Covid-19.

Roxana y Quetzalcóatl, quienes piden cambiar u omitir sus apellidos porque no quieren ser afectados, son parte de los dos mil 150 técnicos productivos y sociales de Sembrando Vida que se encuentran en la incertidumbre laboral al no estar contratados por la Secretaría de Bienestar y ser obligados a firmar un “contrato” provisional cada mes, cada tres meses o cada medio año, según la región.

Además padecen la inseguridad de las zonas; sufren amenazas por parte de funcionarios públicos o de los pobladores que buscan integrarse al programa sin contar con los requisitos; no cuentan con seguro médico, y son hostigados laboralmente por sus superiores para que renuncien e ingresen nuevos técnicos allegados a sus intereses.

A esto se suma que deben desembolsar de su sueldo, de 18 mil pesos mensuales por honorarios, para los gastos de viáticos para desempeñar sus funciones (hospedaje, transporte, compra de material didáctico, tarjetas de internet satelital y hasta las copias e impresiones que son para los sembradores).

Por si fuera poco, la dependencia les pide ponerse la camiseta de la Cuarta Transformación, la de la austeridad, y donar un mes de su trabajo a la causa, según denuncias recolectadas por este medio.

En Sembrando Vida al menos 669 técnicos productivos y sociales “renunciaron” o fueron dados de baja de enero de 2019 a septiembre de 2020 —289 el año pasado y 380 el actual—, de acuerdo con la solicitud de información con número de folio 00002000268720 obtenida vía Transparencia y en poder de El Sol de México.

Otros técnicos de diversas entidades del país cuentan que tras realizar su examen de admisión al PSV y ser aceptados, se les comentó que para su trabajo no recibirían viáticos, pero los enviarían a zonas cercanas a su lugar de residencia. Sin embargo, no fue así.

A Roxana Pliego, quien pidió cambiar su nombre por temor a represalias de funcionarios de Bienestar, las comunidades que debe atender le quedan a más de seis horas de su domicilio.

Entonces tuvo que rentar un cuarto en un municipio cercano por dos mil pesos mensuales, mandar a hacer su chaleco y gastar en transporte público alrededor de tres mil o cuatro mil pesos al mes, pues los pueblos que visita aun así están retirados y no es económico el pasaje.

Además tuvo que gastar en una impresora y un celular de alta gama para realizar los registros del padrón sembradores, papelería y otros.

Lo anterior contradice el apartado 5 de “Gastos de Operación” en las Reglas de Operación del PSV, en su inciso H: “…Técnicos contratados al servicio del Programa, previa autorización de la instancia correspondiente, y considerando las tarifas del tabulador de la Administración Pública Federal, tendrán derecho a hacer uso de los recursos económicos del Programa para gastos de traslado, hospedaje y alimentación, considerando que este personal se encuentra realizando su trabajo en distintos estados de la República…”.

Además, la dependencia les dijo a los técnicos, que deberían de comprar un seguro de gastos médicos.

Ella adquirió en cinco mil pesos uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que la cubre por un año.

A mediados de este 2020 se contagió de Covid-19, y sus jefes lo único que le pidieron fue que se aislara y realizara su trabajo desde la habitación que renta.

Al final su sueldo libre es entre seis mil y siete mil pesos mensuales. Lo mismo que percibía cuando laboró en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero ahí sí incluían viáticos para transporte y más.

En semanas recientes se puso sobre la mesa el debate del outsourcing, luego que en noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que buscaba reformar la ley para regular la existencia de empresas que se dedican exclusivamente a la subcontratación.

Los técnicos del PSV no están en este régimen, pero parecen ubicarse en un punto intermedio de este tipo de contratación.

He estado sin prestaciones, la diferencia es que se compensa con salario emocional