El Instituto Nacional Electoral (INE), ante el “intervencionismo” del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral, aplicará lo que establece la Constitución y las leyes, aseveró el consejero electoral Jaime Rivera Velázquez.

En el marco de los foros realizados en conmemoración del 30 aniversario del IFE-INE, el consejero puso énfasis en que, en la reforma electoral de 2007, se estableció la prohibición tanto de la contratación de tiempos en radio y televisión para propaganda electoral, como la intromisión presidencial.

“Me temo que vamos a tener muchas tensiones por ese problema, pero el INE va a hacer lo suyo por cumplir esas normas, restrictivas sí, pero están en la Constitución y en las leyes, y estamos obligados a cumplirlas”, advirtió.

Se realizó un foro en el marco de los 30 años del IFE-INE.

En la mesa titulada “Equidad y competencia”, la excandidata presidencial, Cecilia Soto, cuestionó al consejero sobre qué va a hacer el INE ante el activismo político del Ejecutivo en medio del proceso electoral.

“Lo que vamos a hacer es aplicar las normas. El artículo 134 Constitucional es muy claro y también la ley. Les prohíbe uso de recursos públicos a favor o en contra de un partido y les prohíbe la propaganda personalizada y pronunciarse a favor o en contra de algún partido.

“Y esta restricción es una herencia más o menos directa del reclamo en el 2006, nada más que han cambiado un poco de lugar donde está cada quién”, respondió.

Rivera Velázquez refirió que la Comisión de Quejas del INE recientemente dictó una “tutela preventiva” al Presidente, lo cual significa un llamado o una advertencia al servidor público que incurre en una intromisión en los asuntos electorales para que no lo siga haciendo.

Explicó que también existen “medidas cautelares”, con las cuales se trata de ordenar “una suspensión” para que no continúe una acción que pueda causar daños irreparables.

Destacó que cuando haya indicios razonables de que esto pudiera repetirse se emite una “tutela preventiva”, para que el servidor público imputado por alguna infracción ya no pueda seguir haciéndolo.

De acuerdo con el consejero electoral, se puede decir con pruebas empíricas y analíticas que la reforma del 2007 fue la respuesta al reclamo del propio López Obrador, quien, en 2006, se sintió defraudado porque perdió en la elección presidencial.