La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al gobierno y a la Fiscalía General de Michoacán tras encontrar que elementos policiacos cometieron “violaciones graves” a las garantías fundamentales de la comunidad Arantepacua, durante un operativo desarrollado los días 4 y 5 de abril de 2017.

El organismo nacional acreditó que durante las acciones, los uniformados incurrieron en detenciones arbitrarias, actos de tortura y el asesinato de cuatro personas por uso de fuerza letal.

La CNDH documentó que derivado de ese operativo se violaron los derechos humanos a la vida, en agravio de cuatro personas fallecidas; a la integridad personal de 37 lesionados, incluyendo 8 policías estatales; a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de diez detenidos, y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a los 38 detenidos el 4 de abril; a la privacidad, inviolabilidad del domicilio e inobservancia del principio de legalidad por el cateo ilegal y allanamiento referido por 56 habitantes de Arantepacua, así como afectaciones a nivel colectivo por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza con motivo del lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de manera indiscriminada a la población.

Por ello, solicitó una disculpa pública de las autoridades estatales, orientada a dignificar a las víctimas con un reconocimiento público de su responsabilidad.

Los hechos se suscitaron en el marco de un conflicto agrario entre las comunidades indígenas de Capácuaro y Arantepacua –ubicados en la meseta purépecha de Michoacán—, que derivó en bloqueos carreteros realizados por integrantes de las dos comunidades.

Con la finalidad de solucionar el conflicto, la Secretaría de Gobierno (SG) de Michoacán realizó mesas de negociación con ambas poblaciones. Sin embargo, el 4 de abril de aquel año, 38 representantes de Arantepacua, que acudieron a una mesa de diálogo con diversas autoridades estatales, fueron detenidos de forma violenta por una patrulla que custodiaba el autobús en el que viajaban, lo cual ocasionó que nuevos representantes de la comunidad acudieran el 5 de abril a la SG para solicitar la liberación de los detenidos, a la vez que se realizó un cierre carretero a la altura de Zirahuén, donde fueron retenidos vehículos y camiones de transporte.

Arantepacua: la traición a un pueblo - Desinformémonos

Ante eso, la Secretaría de Seguridad Pública del estado organizó un operativo en conjunto con la entonces Procuraduría General de Justicia estatal en el que participaron más de 300 policías del estado y un contingente militar y de la Policía Federal que no tuvo contacto con la población.

La CNDH emitió 15 puntos recomendatorios, siete dirigidos al gobierno de Michoacán y ocho a la Fiscalía General del estado, en los que solicitó una disculpa pública por parte de las autoridades estatales, orientada a dignificar a las víctimas con un reconocimiento público de su responsabilidad, la cual deberá ser traducida al purépecha, difundida en una radiodifusora con alcance en la comunidad de Arantepacua, así como en un medio de comunicación local.

También pidió colaboración en los procedimientos administrativos y penales que se inicien en contra de los responsables, incluyendo a la cadena de mando por la planeación e implementación del operativo.

Con la finalidad de garantizar la no repetición de los hechos, demandó el uso obligatorio de cámaras fotográficas, videográficas y de audio en los operativos que se realicen y la revisión del marco normativo aplicable al uso de la fuerza y adecuación a los estándares internacionales; la compensación e inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que puedan recibir la atención médica, psicológica y tanatológica que requieran, y la elaboración de un plan integral para la reparación del daño colectivo, tendiente a la recuperación del tejido social, que se llevará a cabo de manera coordinada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Ayuntamiento de Nahuatzen y la comunidad de Arantepacua, como con una perspectiva de género e interculturalidad.